Paraguai

Equipo fiscal imputó a director jurídico del BCP en el caso ueno Bank

Asunción, Agencia IP.- El Ministerio Público imputó al gerente/director de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay (BCP), Aldo Javier Rodríguez González, por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.

La imputación fue presentada por integrantes del equipo fiscal asignado a la investigación, Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Elena Fiore Franco, Ruth Benítez, Laura Giacummo, Verónica Valdez Rivas y Marlene González.

Entre septiembre y noviembre de 2026, el funcionario habría tenido una intervención directa en la presunta confección, reformulación, alteración sustancial, tramitación administrativa y posterior defensa de un informe oficial del BCP remitido a la Cámara de Senadores.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el informe técnico original elaborado por la Superintendencia de Bancos contenía observaciones sobre indicios de financiación indirecta relacionados con la compra de una cartera crediticia por parte de Vinanzas S. A., por aproximadamente USD 74,4 millones, además de otras advertencias técnicas vinculadas a las operaciones investigadas.

La Fiscalía sostiene que posteriormente se habrían introducido modificaciones en el proyecto remitido al Congreso, mediante la supresión de fundamentos técnicos y la incorporación de información que no figuraba en el informe original de la Superintendencia de Bancos.

Según los antecedentes reunidos, el imputado también habría intervenido en reuniones realizadas en la Presidencia del Banco Central y en el intercambio de correos electrónicos relacionados con las distintas versiones del documento.

Asimismo, el 9 de octubre de 2026 habría participado, junto con otras autoridades de la banca matriz, en la presentación y defensa del informe ante la Cámara de Senadores.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, estas actuaciones habrían dificultado el control parlamentario oportuno sobre la situación de Ueno Bank y posibilitado que la entidad continuara desarrollando operaciones financieras durante el periodo investigado.

La representación fiscal sostiene además que los hechos investigados habrían afectado al Fondo de Garantía de Depósitos y comprometido fondos públicos y previsionales depositados en la entidad bancaria. El alcance de la eventual afectación patrimonial continuará siendo objeto de investigación.

Junto con la imputación, el Ministerio Público solicitó la aplicación de prisión preventiva y medidas cautelares de carácter real, como la inhibición general de enajenar y gravar bienes, la identificación e inmovilización preventiva de cuentas bancarias y activos financieros, así como la identificación y localización de otros bienes y derechos patrimoniales registrados a nombre del imputado.

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